Por Mdp Punta Querandí - Tuesday, Mar. 12, 2013 at 5:35 PM
movimientoendefensadelapacha@gmail.com
La autoridad provincial de aplicación de la ley de protección del patrimonio arqueológico reevaluará los estudios de impacto realizados por Daniel Loponte (INAPL-CONICET) para las empresas EIDICO y Vial Tosca en el norte del partido de Tigre.
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Ayer, después de tres horas de reunión en la ciudad de La Plata, logramos algo muy importante: que la Directora de Patrimonio Cultural, Marián Farías Gomez, y el Coordinador del Centro de Registro del Patrimonio Arqueológico, Fernando Oliva, firmen una carta dirigida a la jueza Delma Cabrera comunicándole que van a reevaluar los estudios de impacto arqueológico (financiados por empresas privadas) que habían sido aprobados por estos funcionarios a fines de 2011.
Este viernes 15 de marzo se cumplía la fecha para presentar pruebas en el Juzgado Civil y Comercial 9 de San Isidro sobre la existencia de sitios arqueológicos en terrenos donde se están edificando barrios privados, en los alrededores de Punta Querandí.
"Solicitamos se nos otorgue el tiempo prudencial a fin de evitar acciones que pudieran causar daños de carácter irremediable", expresan en la carta Farías Gomez y Oliva.
En otro momento de la reunión, los funcionarios hablaron de la posibilidad de modificar los requisitos para otorgar los permisos de investigación, incluyendo la consulta a los pueblos originarios a través del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas.
A fines de diciembre de 2012, desde el Movimiento en Defensa de la Pacha habíamos solicitado que se reevalúe si el equipo a cargo en el Gran Buenos Aires era el más idóneo, teniendo en cuenta no sólo su formación académica sino su accionar ético, en relación a los derechos de los pobladores locales y de las comunidades indígenas.
La respuesta escrita que recibimos, en febrero, defendía el accionar de estos arqueólogos, motivo por el cual se decidió realizar la manifestación contra la política arqueológica de la Provincia.
Si bien la reunión empezó muy dura, cuando mostramos las pruebas que contábamos, la funcionaria Farías Gómez expresó: "Puede ser que nos hayamos equivocado". Y luego, con la mirada puesta en el responsable de arqueología Fernando Oliva, dijo: "me parece que con todos estos antecedentes no les vamos a renovar el permiso (el cual se renueva cada tres años y vence a fines de 2013)".
"Fue muy valorable que comience a reconocer errores, eso no se ve seguido en un funcionario público", expresó sobre Farías Gómez el abuelo kolla Pedro Moreira del Movimiento en Defensa de la Pacha.
Agradecemos a todos los que nos acompañaron: la agrupación Hijos del Condor (La Plata), la Asamblea Delta y Río de la Plata, los compañeros del Bloque Unidad Popular de Tigre, los funcionarios qomGabriela Comuzio y kolla Fortunato Vilca (Consejo Provincial de Asuntos Indígenas, Secretaría de Derechos Humanos), el abogado diaguita Benito Espíndola (ORCOPO), la diputada provincial Karina Nazabal (FPV), la referente mapuche Miriam Liempe junto a varios compañeros/as de la CTA, y la Comisión Provincial por la Memoria, entre otros. Desde la prensa: Zulema Enriquez y Javier Sahade.
(En la foto, Pedro Moreira de la Biblioteca Inti Huasi de San Miguel y del Movimiento en Defensa de la Pacha, durante la ceremonia del agua realizada el 20 de febrero de 2013 en la costa del Canal Villanueva. Imagen gentileza de Omar Bogado)
Este viernes 15 de marzo se cumplía la fecha para presentar pruebas en el Juzgado Civil y Comercial 9 de San Isidro sobre la existencia de sitios arqueológicos en terrenos donde se están edificando barrios privados, en los alrededores de Punta Querandí.
"Solicitamos se nos otorgue el tiempo prudencial a fin de evitar acciones que pudieran causar daños de carácter irremediable", expresan en la carta Farías Gomez y Oliva.
En otro momento de la reunión, los funcionarios hablaron de la posibilidad de modificar los requisitos para otorgar los permisos de investigación, incluyendo la consulta a los pueblos originarios a través del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas.
A fines de diciembre de 2012, desde el Movimiento en Defensa de la Pacha habíamos solicitado que se reevalúe si el equipo a cargo en el Gran Buenos Aires era el más idóneo, teniendo en cuenta no sólo su formación académica sino su accionar ético, en relación a los derechos de los pobladores locales y de las comunidades indígenas.
La respuesta escrita que recibimos, en febrero, defendía el accionar de estos arqueólogos, motivo por el cual se decidió realizar la manifestación contra la política arqueológica de la Provincia.
Si bien la reunión empezó muy dura, cuando mostramos las pruebas que contábamos, la funcionaria Farías Gómez expresó: "Puede ser que nos hayamos equivocado". Y luego, con la mirada puesta en el responsable de arqueología Fernando Oliva, dijo: "me parece que con todos estos antecedentes no les vamos a renovar el permiso (el cual se renueva cada tres años y vence a fines de 2013)".
"Fue muy valorable que comience a reconocer errores, eso no se ve seguido en un funcionario público", expresó sobre Farías Gómez el abuelo kolla Pedro Moreira del Movimiento en Defensa de la Pacha.
Agradecemos a todos los que nos acompañaron: la agrupación Hijos del Condor (La Plata), la Asamblea Delta y Río de la Plata, los compañeros del Bloque Unidad Popular de Tigre, los funcionarios qomGabriela Comuzio y kolla Fortunato Vilca (Consejo Provincial de Asuntos Indígenas, Secretaría de Derechos Humanos), el abogado diaguita Benito Espíndola (ORCOPO), la diputada provincial Karina Nazabal (FPV), la referente mapuche Miriam Liempe junto a varios compañeros/as de la CTA, y la Comisión Provincial por la Memoria, entre otros. Desde la prensa: Zulema Enriquez y Javier Sahade.
(En la foto, Pedro Moreira de la Biblioteca Inti Huasi de San Miguel y del Movimiento en Defensa de la Pacha, durante la ceremonia del agua realizada el 20 de febrero de 2013 en la costa del Canal Villanueva. Imagen gentileza de Omar Bogado)
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