Ayer Viernes 2 de diciembre de 2011, el Relator de Naciones Unidas para los derechos de los Pueblos Originarios, visitó Salta y escuchó las demandas de las comunidades de los Pueblos Wichí, Guaraní, Kolla, Lule, Tastil y Diaguita-calchaquí.
Ana Soruco
Representantes de comunidades de toda la geografía salteña llegaron ayer a Salta para acercar sus denuncias al relator especial de la ONU sobre pueblos originarios, James Anaya, de visita en el país por invitación del gobierno argentino.
Los
problemas en relación a la posesión y la titulación de la tierra, los desalojos,
la continuidad de los desmontes, los conflictos con grandes empresas
hidrocarburíferas, mineras y agropecuarias, se visibilizaron en el relato de los
representantes indígenas, quienes resaltaron que no existe una política estatal
de respeto por los derechos de los pueblos originarios.
La reunión se desarrolló en el anfiteatro G 400 de la Universidad Nacional de Salta. Se hizo un homenaje a la Pacha Mama, y luego Anaya habló, poco: sobre la ONU, sobre la relatoría especial sobre los pueblos originarios, que depende del Consejo de Derechos Humanos. Explicó que tras visitar distintos puntos del país (ya estuvo en el sur y hoy estará y mañana estará en Jujuy) y recibir las denuncias elevará un informe al gobierno nacional. Ese informe contendrá recomendaciones sobre las acciones que esta Relatoría considera que el Estado argentino debería llevar a cabo en relación a los pueblos indígenas.
Enseguida comenzaron a desgranarse las presentaciones de los representantes indígenas. Unos 25 oradores, unos más locuaces, otros apenas balbuceando, fueron pasando frente al relator y sus dos asesores, cada uno con sus historias y sus sufrimientos, siempre vinculadas al territorio y a los conflictos que soportan por la presión de grandes empresas. “No tenemos nada de monte. De tierra, no queda para nosotros”, resumió Angel Garay, del pueblo wichi, habitante del paraje Corralito, en el departamento San Martín.
César Saracho, de Misión La Chirola, en Dragones, habló por los indígenas y por “nuestros hermanos campesinos”. Resaltó que ambos sufren los desalojos y las presiones y amenazas para abandonar sus tierras, y la explotación del territorio. Algo parecido dijo Hilario Vera, cacique guaraní de Caraparí: “la violencia de (la falta de respeto por) los derechos humanos no solamente la padecen los pueblos originarios, sino también los criollos”. Francisco Soria, también guaraní, reclamó acciones “urgentes” para evitar que sigan los desalojos de indígenas y criollos en la zona de Salvador Mazza y Embarcación.
Cristian López, de Misión La Loma, Aguaray, planteó el conflicto que en su comunidad tienen con las empresas petroleras, que realizan trabajos en su territorio sin pedir autorización. Dijo que las empresas hacen esto en complicidad con el estado provincial.
También presentaron sus casos Bautista Frías y Roberto Sánchez, de las comunidades Zopota y El Traslado, que junto a El Escrito han quedado encerradas entre grandes fincas, sin posibilidades de cazar y recoger frutos, y casi sin caminos para poder transitar.
Hugo Jaime, de la Organización Zonal Ruta 81 Rivadavia Banda Norte planteó que no se respeta el derecho de consulta previa que tienen las comunidades originarias cuando se van a realizar obras que las afectan. Este reclamo fue realizado también por Bernabé Aparicio, del pueblo wichi de Rivadavia Banda Norte. También Lucio Zerpa, del pueblo tastil de Rosario de Lerma, planteó la falta de consulta previa, en este caso en relación un proyecto de entubamiento del río Toro, cuya naciente y recorrido está comprendido dentro del territorio ancestral que reivindica este pueblo.
Zerpa, igual que Esteban Vilca, denunció formalmente al estado salteño por no reconocer “la preexistencia y existencia del pueblo tastil”.
Catalino Mamani, del pueblo diaguita calchaquí de Animaná, denunció que se están haciendo excavaciones en busca de agua en el territorio de esta comunidad, “sin respetar el uso y posesión ancestral, ni al ambiente. Tampoco se respetaron los sitios sagrados”. Señaló también a la expansión de los monocultivos como un factor de empobrecimiento de las comunidades “y las hace dependientes de las grandes empresas. (…) Para lo único que servimos nosotros es para ser mano de obra barata”, afirmó. Sostuvo que el gobierno provincial tiene políticas que atentan contra la economía de los comuneros y denunció la presencia de policías y guardias que protegen la acción de las empresas que avanzan en el territorio comunitario.
El relator tenía previsto reunirse anoche con el gobernador Juan Manuel Urtubey y hoy estará en Jujuy.
La reunión se desarrolló en el anfiteatro G 400 de la Universidad Nacional de Salta. Se hizo un homenaje a la Pacha Mama, y luego Anaya habló, poco: sobre la ONU, sobre la relatoría especial sobre los pueblos originarios, que depende del Consejo de Derechos Humanos. Explicó que tras visitar distintos puntos del país (ya estuvo en el sur y hoy estará y mañana estará en Jujuy) y recibir las denuncias elevará un informe al gobierno nacional. Ese informe contendrá recomendaciones sobre las acciones que esta Relatoría considera que el Estado argentino debería llevar a cabo en relación a los pueblos indígenas.
Enseguida comenzaron a desgranarse las presentaciones de los representantes indígenas. Unos 25 oradores, unos más locuaces, otros apenas balbuceando, fueron pasando frente al relator y sus dos asesores, cada uno con sus historias y sus sufrimientos, siempre vinculadas al territorio y a los conflictos que soportan por la presión de grandes empresas. “No tenemos nada de monte. De tierra, no queda para nosotros”, resumió Angel Garay, del pueblo wichi, habitante del paraje Corralito, en el departamento San Martín.
César Saracho, de Misión La Chirola, en Dragones, habló por los indígenas y por “nuestros hermanos campesinos”. Resaltó que ambos sufren los desalojos y las presiones y amenazas para abandonar sus tierras, y la explotación del territorio. Algo parecido dijo Hilario Vera, cacique guaraní de Caraparí: “la violencia de (la falta de respeto por) los derechos humanos no solamente la padecen los pueblos originarios, sino también los criollos”. Francisco Soria, también guaraní, reclamó acciones “urgentes” para evitar que sigan los desalojos de indígenas y criollos en la zona de Salvador Mazza y Embarcación.
Cristian López, de Misión La Loma, Aguaray, planteó el conflicto que en su comunidad tienen con las empresas petroleras, que realizan trabajos en su territorio sin pedir autorización. Dijo que las empresas hacen esto en complicidad con el estado provincial.
También presentaron sus casos Bautista Frías y Roberto Sánchez, de las comunidades Zopota y El Traslado, que junto a El Escrito han quedado encerradas entre grandes fincas, sin posibilidades de cazar y recoger frutos, y casi sin caminos para poder transitar.
Hugo Jaime, de la Organización Zonal Ruta 81 Rivadavia Banda Norte planteó que no se respeta el derecho de consulta previa que tienen las comunidades originarias cuando se van a realizar obras que las afectan. Este reclamo fue realizado también por Bernabé Aparicio, del pueblo wichi de Rivadavia Banda Norte. También Lucio Zerpa, del pueblo tastil de Rosario de Lerma, planteó la falta de consulta previa, en este caso en relación un proyecto de entubamiento del río Toro, cuya naciente y recorrido está comprendido dentro del territorio ancestral que reivindica este pueblo.
Zerpa, igual que Esteban Vilca, denunció formalmente al estado salteño por no reconocer “la preexistencia y existencia del pueblo tastil”.
Catalino Mamani, del pueblo diaguita calchaquí de Animaná, denunció que se están haciendo excavaciones en busca de agua en el territorio de esta comunidad, “sin respetar el uso y posesión ancestral, ni al ambiente. Tampoco se respetaron los sitios sagrados”. Señaló también a la expansión de los monocultivos como un factor de empobrecimiento de las comunidades “y las hace dependientes de las grandes empresas. (…) Para lo único que servimos nosotros es para ser mano de obra barata”, afirmó. Sostuvo que el gobierno provincial tiene políticas que atentan contra la economía de los comuneros y denunció la presencia de policías y guardias que protegen la acción de las empresas que avanzan en el territorio comunitario.
El relator tenía previsto reunirse anoche con el gobernador Juan Manuel Urtubey y hoy estará en Jujuy.
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| Neuquen: Sin acuerdo en el conflicto entre Gelay Ko y la multinacional norteamericana Apache |
 La mesa de negociación entre el
Gobierno provincial, la empresa multinacional Apache y las comunidades
Mapuche, que se realizó en la Fiscalía de Estado de
Neuquén, culminó ayer sin lograr un acuerdo.
Esta situación podría generar nuevamente la paralización de la petrolera
Apache. Al finalizar el encuentro,Martín Maniqueo, werken de la
Confederación Mapuche, manifestó que no hubo acuerdos ni se
pudo avanzar en ningún punto. “La Provincia no quiere asumir
los compromisos y la empresa tampoco quiere hacerse cargo de
los problemas que generó. Dentro de la comunidad creemos que
hay una complicidad entre el Gobierno y la empresa”.
“No hubo acuerdos. Aunque haya una promesa oficial de promover una
recorrida por la zona, no se tuvo la voluntad de avanzar con respecto a los
planteos que hizo la comunidad. Pareciera que buscan un muerto mapuche para
resolver cuestiones de fondo que se pueden solucionar en la mesa de diálogo”,
reclamó el dirigente.
Las autoridades de Gelay Ko solicitaron al gobierno de la provincia la
creación de una comisión especial destinada a evaluar la situación ambiental,
social y cultural actual de la comunidad y una comisión de control y monitoreo
ambiental.
Respecto a los próximos pasos, Maliqueo sostuvo que no descartan paralizar
la producción de la empresa nuevamente. “Se dejó de manifiesto que si es
necesario llegar a las últimas consecuencias en el territorio, adentro del
yacimiento, se va a hacer. Cuando levantamos la medida se acordó que si no había
acuerdo se volvería a paralizar todo nuevamente, con lo cual se va a exigir
suspender todos los trabajos y que el yacimiento salga de producción”,
dijo.
Finalmente, consultado sobre la
proclamación de diferentes comunidades neuquinas contra las nuevas autoridades
de la Confederación y de la comunidad Gelay Ko, sostuvo, “no nos extraña que se
quiera poner en duda la representación de una u otra organización cuando una
comunidad está reclamando derechos y está denunciando contaminación en su
territorio. La lectura política hoy es que el Gobierno está con la soga al
cuello por haber llevado esta situación a la instancia que la llevó”, sentenció
Martín Maliqueo.
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En el marco de la visita del Relator Especial de Naciones Unidas
(ONU) para Pueblos Indígenas (James Anaya), agredieron en Villa la Angostura
(Neuquén) a dirigentes indígenas que acompañaban al diplomático de la ONU. El
hecho sucedió a las 9.10 de hoy (1 de diciembre de 2011) en la comunidad Paichil
Antriao, que en la actualidad resiste el avance de especuladores inmobiliarios
de la zona. El agresor fue el ciudadano estadounidense William Henry Fisher, que
pretende parte del territorio comunitario.
“Ingresamos
al rewe (sitio sagrado) para hacer una ceremonia y Fisher se nos vino encima.
Nadie quería responderle a sus agresiones verbales, seguimos caminando, pero
luego golpeó a un hermano, lo tiró al piso y lo golpeó hasta que intervinimos”,
explicó Verónica Huilipan, del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos
Indígenas (ODHPI).
El
propio Fischer llamó a la Policía y exigió a los gritos que la comunidad
abandone el rewe. Los efectivos se limitaron a evitar nuevas agresiones del
ciudadano estadounidense. La comunidad finalizó la ceremonia y se retiró para
explicar al diplomático la vulneración de derechos que se producen en
Neuquén.
James
Anaya es Relator Especial para la Situación de los Derechos y las Libertades
Fundamentales de los Pueblos Indígenas, la más alta autoridad de Naciones Unidas
en la materia. Es la primera vez que visita el país y las primeras comunidades
en visitar fueron las ubicadas en Neuquén. Focalizó su visita en la zona centro,
donde las comunidades enfrentan el acoso de la industrias petrolera, y luego
viajó a Villa la Angostura para escuchar a la comunidad Paichil Antriao, caso
paradigmático de despojo territorial producto de la especulación
inmobiliaria.
La
comunidad mapuche vive en la actual localidad de Villa la Angostura desde el
siglo XIX, reconocida por documentos históricos del propio Estado Nacional. La
ciudad de Villa la Angostura creció sobre territorio indígena, en un lento pero
sostenido proceso de apropiación territorial. En noviembre de 2009, parte de la
comunidad sufrió un nuevo desalojo y la destrucción de tres viviendas.
El
Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI) recurrió a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Luego de más de dos años de
proceso, el 6 de abril último, la CIDH hizo lugar a la medida cautelar
presentada. Instó al Gobierno Nacional tomar “medidas urgentes” para “garantizar
la vida y la integridad personal de la comunidad” y le solicitó que evite hechos
de violencia por parte de la policía y de grupos de seguridad privados. La
decisión de la Comisión, que también protegió el rewe, se dio en un contexto de
creciente violencia y criminalización contra el Pueblo Mapuche
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Empresa petrolera amenaza a comunidad
Wichi
Por Comisión Directiva Asoc. Pequeños Prod. del C - Friday, Dec. 02, 2011 at 8:45 AM
Por Comisión Directiva Asoc. Pequeños Prod. del C - Friday, Dec. 02, 2011 at 8:45 AM
(AW)Con personal policial de infantería, maquinarias y topadoras el Sr. Tejerina representante de la empresa contratista petrolera Wicap, junto con el comisario a cargo el Sr. Abdon García, el pasado 23 de Noviembre intentaron ingresar a la fuerza al predio comunal de la comunidad Wichi del lote 6 de la localidad de Los Blancos. Ante el freno a la intrusión realizaron amenazas a los referentes indígenas.
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El pasado 23 de
Noviembre la comunidad wichi del lote 6 de la localidad de Los Blancos sufrieron
abuso, amenzas y aprietes por parte de una empresa contratista de las petroleras
que trabaja en la zona, esta empresa llamada Wicap se presentó con topadoras,
maquinarias y con un grupo de infantería para entrar de forma prepotente al
predio de la comunidad para realizar las picadas para una empresa petrolera,
ante la negativa de la comunidad de dejar pasar las maquinas ya que todavía no
se había llegado a un acuerdo con la empresa, los dirigentes indígenas fueron
amenazados por el Sr. Tejerina responsable de la empresa contratista ante la
presencia del oficial a cargo del grupo de infantería el comisario Abdon
García.
Ese miércoles las organizaciones campesinas estábamos en un encuentro con gente del INTI y de la Subsecretaria de Agric. Familiar de la Nación cuando fuimos informados de esta situación, un grupo de dirigentes campesinos entre ellos el presidente de nuestra organización Alfredo Riera y técnicos de ONG y el Diputado Provincial Ramon Villa se dirigieron al lugar y pudieron comprobar esta situación, la empresa estaba con máquinas en la entrada de la comunidad y también había efectivos de infantería de tartagal con un móvil, al ser consultado el oficial a cargo el comisario Abdon García de la comisaria de Embarcación, quien había ordenado la presencia de personal policial, no respondió a nuestras preguntas y se retiró del lugar, la empresa amenazaba con entrar por la fuerza a las 17 hs, se le dijo que la comunidad no iba a permitir este atropello, y que ellos no tenían autorización ni convenio firmado con la comunidad para realizar ningún tipo de trabajo en sus tierras.
A pocos días del asesinato de nuestro compañero Cristian Ferreyra en Santiago del Esteros por sicarios contratados por un empresario de Santa Fe, el uso de las amenazas y la violencia por parte de las empresas y empresarios, se ha hecho moneda corriente hoy en día, más si le sumamos que estas empresas cuenta con su fuerza policial privada ya que como viene ocurriendo en nuestra zona la policía local y la infantería por el hecho de pagar viáticos al personal policial estos están al servicio de sus patrones las empresas, como ocurrió la semana pasada en Los Blancos y también en Rivadavia Banda Sur con el empresario Barzola.
Esta policía privada usando uniforme, armamento y vehículos oficiales reciben órdenes ya no del jefe de policía si no de las empresas que pagan buen dinero por contratar personal adicional policial, para que realicen operativos para desalojar o presionar a las comunidades y familias campesinas, violando nuestros derechos como ciudadanos de esta provincia.
Por todo esto es que repudiamos y nos solidarizamos con nuestros hermanos Wichí y las familias campesinas de Rivadavia Banda Sur y como venimos denunciando desde hace tiempo este tipo de hechos, queremos dejar en claro que los responsables de estas situaciones que atentan contra las paz social, no solamente son los empresarios y las empresas si no también el poder político que permite el uso de la fuerza policial que debe proteger los derechos de todos nosotros, para ser usada como fuerza de choque y de presión por las empresa privadas que nos quieren quitar nuestra tierra violando nuestros derechos humanos.
Ese miércoles las organizaciones campesinas estábamos en un encuentro con gente del INTI y de la Subsecretaria de Agric. Familiar de la Nación cuando fuimos informados de esta situación, un grupo de dirigentes campesinos entre ellos el presidente de nuestra organización Alfredo Riera y técnicos de ONG y el Diputado Provincial Ramon Villa se dirigieron al lugar y pudieron comprobar esta situación, la empresa estaba con máquinas en la entrada de la comunidad y también había efectivos de infantería de tartagal con un móvil, al ser consultado el oficial a cargo el comisario Abdon García de la comisaria de Embarcación, quien había ordenado la presencia de personal policial, no respondió a nuestras preguntas y se retiró del lugar, la empresa amenazaba con entrar por la fuerza a las 17 hs, se le dijo que la comunidad no iba a permitir este atropello, y que ellos no tenían autorización ni convenio firmado con la comunidad para realizar ningún tipo de trabajo en sus tierras.
A pocos días del asesinato de nuestro compañero Cristian Ferreyra en Santiago del Esteros por sicarios contratados por un empresario de Santa Fe, el uso de las amenazas y la violencia por parte de las empresas y empresarios, se ha hecho moneda corriente hoy en día, más si le sumamos que estas empresas cuenta con su fuerza policial privada ya que como viene ocurriendo en nuestra zona la policía local y la infantería por el hecho de pagar viáticos al personal policial estos están al servicio de sus patrones las empresas, como ocurrió la semana pasada en Los Blancos y también en Rivadavia Banda Sur con el empresario Barzola.
Esta policía privada usando uniforme, armamento y vehículos oficiales reciben órdenes ya no del jefe de policía si no de las empresas que pagan buen dinero por contratar personal adicional policial, para que realicen operativos para desalojar o presionar a las comunidades y familias campesinas, violando nuestros derechos como ciudadanos de esta provincia.
Por todo esto es que repudiamos y nos solidarizamos con nuestros hermanos Wichí y las familias campesinas de Rivadavia Banda Sur y como venimos denunciando desde hace tiempo este tipo de hechos, queremos dejar en claro que los responsables de estas situaciones que atentan contra las paz social, no solamente son los empresarios y las empresas si no también el poder político que permite el uso de la fuerza policial que debe proteger los derechos de todos nosotros, para ser usada como fuerza de choque y de presión por las empresa privadas que nos quieren quitar nuestra tierra violando nuestros derechos humanos.
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El hombre
enceguecido
no escucha las campanadas silenciosas de la hierba,
hasta que encuentra en
los caminos,
como culebra,
su antigua piel,
reconoce entre las ruinas,
su antigua mascara oxidada.
Informe presentado al Relator de Pueblos Originarios de la ONU
Por Fuente: Mariana Katz - Saturday, Dec. 03, 2011 at 10:07 PM
Por Fuente: Mariana Katz - Saturday, Dec. 03, 2011 at 10:07 PM
Estimados
Ante la visita del Relator Especial para Pueblos Originarios de Naciones Unidas a la Argentina, Organismos de Derechos Humanos y organizaciones que trabajan la temática de Pueblos Originarios, decidimos realizar un informe en conjunto, el mismo ya le fue entregado con el cuadro de casos que se relevaron de manera conjunta con todas las organizaciones.
La finalidad de este informe es para dar difusión y de esta manera visibilizar la visita del Relator que en ningún medio de comunicación aparece.
Saludos
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