viernes, 27 de julio de 2012
lunes, 23 de julio de 2012
Comunidades wichí se movilizan contra los desmontes - Embarcación, Salta
Fortín Dragones: Comunidades wichí se movilizan contra los desmontes
Por OPSur.- Comunidades wichí del municipio de Embarcación, Salta, decidieron acampar a la vera de la ruta 81 –a la altura de Fortín Dragones- en un nuevo intento por detener los desmontes en su Territorio.
Según informaron referentes de la Federación Wichí de la Cuenca del Río Bermejo, un empresario del sector agroindustrial pretende desmontar territorio comunitario que está afectado por el relevamiento realizado por organismos provinciales y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INAI) en el marco de la ley 26.160, lo que implicaría una violación al marco jurídico vigente.
Frente a las denuncias de la Federación Wichí, funcionarios de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta viajaron a la zona y se desentendieron de la situación alegando que el empresario contaba con el permiso de desmonte ya que cumplía con los requisitos que impone la normativa provincial. Ante esta situación las comunidades wichí de ruta 53 y 81, con apoyo de familias criollas, demandan la intervención del INAI para frenar las topadoras.
La falta de respuestas a las demandas formuladas por la Federación Wichí se han convertido en regla tanto en la provincia como en el INAI. Cabe destacar que esta situación de desatención también allana el terreno a las amenazas de muerte y mensajes intimidatorios recibidos por referentes de la organización wichí que encabezan la lucha contra los desmontes y las talas selectivas llevadas adelante por empresarios madereros. En más de una oportunidad los comuneros intentaron denunciar estos hechos en las delegaciones policiales de la zona pero estas no fueron recibidas, en un claro acto de discriminación y, quizá, de encubrimiento.
Contacto:
Ramón Roca, Federación Wichí de la Cuenca del Río Bermejo: (03878) 15 675 853
Ramón Paz, Federación Wichí de la Cuenca del Río Bermejo: (03878) 15 649 366
miércoles, 11 de julio de 2012
Está claro: Nos quieren acabar
http://www.nasaacin.org/noticias/3-newsflash/4275-esta-claro-nos-quieren-acabar
Autor: Tejido de Comunicación - ACIN
Nunca han estado tan claras las cosas en el Norte del Cauca-Colombia. Nunca. Salimos a marchar, nos movilizamos, con toda la fuerza y claridad para exigir que los actores armados salieran del territorio. En movilizaciones y asambleas y audiencias públicas, denunciamos los abusos que cometen contra comuneras y comuneros en todo el territorio ejército, policía, paramilitares y guerrilla. Además, otra vez, señalamos y reiteramos una verdad que orientó la Minga de Resistencia Social y Comunitaria y que resulta más evidente ahora que nunca cuando convierten nuestro territorio, por la vía del terror y de la guerra en una Zona de Consolidación, para los intereses extractivos de las transnacionales: esta guerra, venga de donde venga, tiene motivos y beneficiarios económicos. Nos despojan para sacarnos de acá, para robarse la Mama Kiwe y su riqueza, para someterla y matarla y para acabar con nuestro proceso y nuestra historia con este territorio.La última vez que insistimos fue en Miranda. Exigimos al ejército sacar sus bases militares de acá. El Ministro de Defensa (de los intereses transnacionales) nos respondió acusándonos ante el mundo de ser guerrilleros, cómplices de terroristas y anunciando que no saca las bases. La guerrilla le respondió al Ministro y al mundo atacando Jambaló, Toribío, Miranda, Cerro Tijeras, mientras siguen las acciones en todo el Norte y en todo el Cauca. Ahora mismo, comuneras y comuneros se han desplazado de esas comunidades, en respuesta a la amenaza de las FARC: tienen que salir antes de las 12 o asumen las consecuencias. La respuesta de la guerrilla al Ministro de la guerra en los hechos es clara y sencilla: No saque las bases señor ministro, se justifica que las mantenga. Se necesita que su ejército siga en tierras indígenas matando, maltratando, violando y robando porque el pretexto lo damos nosotros, la guerrilla de las FARC. Un pretexto con bombas y balas. Un pretexto de muerte. Ustedes atacan a los indios y los acusan de ser guerrilleros, nosotros les respondemos a ustedes y atacamos también a las comunidades indígenas y si no les gusta, los acusamos de ser “sapos” y colaboradores igual que ustedes.
Acá todo está claro. Nuestro Cxab Wala Kiwe, según los planes económicos del despojo y la destrucción de la resistencia y de los pueblos ancestrales, se ha consolidado como un teatro de operaciones militares contra nosotros, por parte de los bandos en combate, para acusarnos, señalarnos, maltaratarnos, negar nuestra presencia y proceso, expulsarnos y despojarnos. Ahora mismo se Consolida, según los planes del Pentágono y del Plan Colombia, el traslado de lo que ha sido nuestro hogar de miles de años, en un espacio controlado por militares en tránsito hacia el poder corporativo. Estado y guerrilla acaban con nuestra resistencia y proceso milenario, para entregar a intereses económicos estas tierras. Nos están matando.
Pero nunca ha sido solo la guerra y el terror y ahora no lo son tampoco. Además de las mentiras y engaños de los medios y de la propaganda que ya nadie podría creer, están las políticas, los proyectos, la cooptación con diversas máscaras y las leyes. Se gobierna, desde los ámbitos locales de las alcaldías, pasando por programas y proyectos de infraestructura, salud, educación, desarrollo económico, para ser arrasados por las locomotoras del despojo. En nuestro propio territorio, mientras nos acaban a bala y terror, implementan dentro y a través de nuestras organizaciones y comunidades desde los diversos cargos y funciones, los proyectos de despojo encubiertos como bienestar y ayuda. Nos tienen ocupados compitiendo por recursos y ejecutando actividades y presupuestos para consolidar el despojo. Esta institucionalización es parte de la Consolidación y de la guerra de despojo que nos desaparece transformados en instrumentos de intereses ajenos. Mientras nos ocupamos de rechazar la guerra, esta otra, más efectiva y perversa, nos despoja invisible y sin resistencia. Las instituciones que se aprovechan o sirven a este propósito, vengan de donde vengan, ejercen el “Derecho” de robarse todo y acá tienen a algunos confundidos peleándose por recursos para el despojo, que le presentan luego a la gente como un beneficio a nombre de la resistencia indígena, o como un respaldo vital de emergencia para defender víctimas. Nos convierten en dependientes, incapaces y víctimas para impedir que sigamos resistiendo y consolidando nuestros Planes de Vida. Esta es la colonización de siempre, en el modelo de ahora.
Claro que no es solo en el Norte del Cauca donde se consolida el abuso. Las Zonas de Consolidación han sido definidas desde hace mucho tiempo en el Plan Colombia y nos llegó la hora. Es una agenda de largo alcance para sembrar muerte y mentiras e institucionalizar el despojo en todo el país y también es el principal producto de exportación de Colombia al mundo, porque ahora mismo están agrediendo violentamente a los indígenas, por ejemplo en elWallmapu, en Santiago del Estero, Salta y Tucumán-Argentina en réplicas groseras y evidentes de lo que nos están haciendo acá. Mientras en México, aplicando el Plan Colombia con otro nombre, se impone el terror y se roban las elecciones presidenciales (otra vez), en Bolivia el pueblo se levanta contra la carretera del TIPNIS (otra vez). En Cajamarca-Perú, los policías a sueldo de la transnacional minera ya han asesinado 5 comuneros que hacían parte de “Conga no va!”, la decisión popular para impedir que el proyecto minero de “Yanacocha” los acabe como a nosotros esta guerra integral. En Paraguay, las transnacionales con el apoyo del Comando Sur dieron el golpe de Estado, para acceder a toda la riqueza de agua, alimentos, minerales y bienes comunes del Cono Sur. En estos países y comunidades se resiste. La gente sale a las calles. La conciencia crece y la solidaridad se convoca a transformarse en iniciativa de resistencia. Esto sucede al mismo tiempo que en Colombia, el gobierno pasa una resolución por medio de la cual entrega cerca de 20 millones de hectáreas a la minería transnacional con una firma.
Desde donde hemos entendido todo esto sabemos que los pueblos y procesos tenemos un derecho sagrado y esencial. El derecho a resistir, a defender nuestras formas de vida, nuestras culturas en los territorios, nuestra identidad. Antes, teníamos que poner toda nuestra capacidad y unidad, para evitar que convirtieran el territorio en teatro de operaciones militares e institucionales negando nuestra presencia y derechos. Transformándonos en víctimas. Ahora, frente a ese diálogo de asesinos que nos niegan y se meten a nuestras casas y nos sacan de nuestro suelo y nos matan, tenemos que negarnos a desaparecer. Tenemos que volver a ser “El Gran Pueblo” en nuestro Territorio. Quienquiera que, dentro o fuera de nuestro proceso, responda a prioridades diferentes a nuestro sagrado derecho a la resistencia. Quienquiera que tenga prioridades diferentes e intereses distintos a resistir este Proyecto de Muerte al servicio de la acumulación, se está sumando al diálogo de los violentos, aprovechando nuestra muerte y sufrimiento para conseguir sus beneficios.
Como se dijo hace poco, esta es la “Batalla final por el Cauca”. Una batalla entre ellos, los que ganan con la guerra o se acomodan al negocio, contra nosotras y nosotros, comunidades, comuneras y comuneros, pueblos del mundo que hacemos sentir nuestra presencia y nuestro Plan de Vida. Nos rescatamos del negocio, las balas y las mentiras y probamos que seguimos acá, donde siempre hemos estado, que somos de esta tierra y seguiremos siendo con ella y que se tiejen que ir todos los armados, los aprovechados y los enemigos de la herencia que nos hace Nasa. Nuestra resistencia ni es negocio ni es ausencia. Somos nosotras y nosotros. Es la misma, a nuestro modo, por nuestra cultura, que defienden los pueblos en todo el continente y el mundo. Con la angustia y el dolor que inspiran estas palabras mientras nos atacan y nos roban, liberamos esta palabra para caminarla: nos convocamos con todas y todos a resistir, a sacar de estas tierras a quienes nos niegan. Mientras nos quede palabra, seguiremos luchando contra el colonizador y por nuestra plena autonomía.
jueves, 5 de julio de 2012
Riarte: una represión anunciada
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| jueves, 05 de julio de 2012 | |
PUEBLOS ORIGINARIOS | A CASI UN MES DE LA MOVILIZACIÓN Y DE LAS MESAS DE DIÁLOGO A pesar de la movilización que realizó la Comunidad Indio Colalao (Trancas, Tucumán) hace menos de un mes, donde denunció una serie de violaciones a sus derechos y el avance de los terratenientes en sus territorios, el final de la historia fue la represión que se concretó este miércoles 4 de julio pasadas las 17hs. Un impresionante operativo policial ejecutó la medida del juez Juan Francisco Pisa. No hubo heridos de gravedad ni detenidos, pero la medida de "restitución provisoria" ejecutada por 200 policías contra 40 personas desarmadas pudo tener graves consecuencias. Hubo muchas reuniones y promesas de solución, pero la respuesta sigue siendo la judicialización y represión. Por ContraPunto - RNMA.
Este miércoles se escribió un nuevo capítulo en la avanzada contra los derechos de los Pueblos Originarios de Tucumán. En la Base Riarte de la Comunidad Indio Colalao en Trancas la policía ejecutó un impresionante y desmedido operativo con más de 200 efectivos para desalojar bajo el carácter de "restitución provisoria" a unas 40 personas que resistían en ese lugar, recuperado después que el terrateniente Freddy Moreno Núñez Vela echara a un anciano Don Elías Apaza. El terrateniente pretende apoderarse de 19.000 hectáreas en esa zona, con la firma Zanja Honda y en sociedad con Jorge Posse de la firma Agro Avance.
La justicia de Tucumán una vez más desconoció la ley 26.160 que es de orden público y que prohíbe los desalojos en los territorios indígenas hasta tanto no se sustancie un relevamiento territorial (en curso) de las comunidades. En Tucumán los jueces desconocen a las comunidades como tales por lo que aplican el derecho contra personas particulares. Durante toda la semana pasada la comunidad fue hostigada y vivió momentos de tensión permanente porque la policía intentó ingresar por Trancas y también por Salta pero las familias no permitieron que ingresen al terreno.Los referentes de la Comunidad Indio Colalao -que integra la Unión de la Nación del Pueblo Diaguita- desde su movilización tuvo innumerables reuniones en respuesta al pliego de demandas por las que realizaron la marcha el 9 de junio. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el Ministerio de Educación, la Defensoría del Pueblo y distintas "mesas de diálogo" y las propias promesas de la policía de no reprimir se diluyeron por la ejecución del desalojo. Hasta el día anterior al desalojo todo indicaba que no iba a concretarse el desalojo.
Se vivieron momentos de tensión ya que en horas de la tarde se conocía que se había realizado el desalojo con balas de goma, pero no se podía establecer las consecuencias. Con más tranquilidad y en horas de la noche en comunicación con el comunero Santos Tolaba, se pudo establecer con certeza que el desalojo no produjo heridos ni detenidos. "La policía llego a las 10 de la mañana. Llegaron a la puerta y dijeron que querían dialogar y se acordó que ellos iban a seguir en el lugar. Para esto se abrió el portón y allí se metieron el resto de los policías. relató Tolaba. "Cuando ellos abrieron empezaron a sacar a los hermanos. Hubo balas de goma, pero no hubo heridos. Éramos 40 personas de la comunidad y 250 policias que llegaron en 3 colectivos".
Este jueves el ánimo de la Comunidad Indio Colalao era de resistencia, y a pesar de lo que pasó se apostaron al lado del alambrado donde la policía montó una guardia policial, ya que el grueso del operativo ya se fue del lugar. Solicitan a las organizaciones sociales, políticas y de DDHH apoyo con plásticos, alimentos, y elementos para poder mantenerse en la asamblea ya que las temperaturas son bajas. Los intereses Según Cinthia Ovejero de la Comunidad Indio Colalao, los conflictos que los movilizaron “se vienen suscitando en todos los territorios de las comunidades desde hace mucho tiempo y se han recrudecido con el inicio del relevamiento territorial. En nuestra comunidad en el año 2010 se inició este proceso, y aún así se ha cerrado un camino vecinal que fue utilizado por nuestros abuelos y por nosotros siempre. El único camino que permite el acceso de vehículos”. Los habitantes de las comunidades - comuneros – no pueden ser auxiliados en casos de accidentes porque ningún vehículo -ambulancias por ejemplo- puede llegar a la zona. Denunciaron “el cierre de la escuela primaria Nº 31, por lo que hoy nuestros niños tienen que recurrir por educación a la provincia de Salta, o sea que la provincia no se está haciendo cargo de esto” y además hay “personas que se quieren apropiar de nuestro territorio, en nuestro caso son Fredy Moreno Núñez Vela perteneciente a la firma Zanja Honda y Jorge Posse perteneciente a la firma Agro Avance". Pero el hostigamiento de los terratenientes no es nuevo. En octubre de 2010 denuncian que los terratenientes cerraron el único camino vecinal que permite el ingreso con vehículos a la zona, "llegando al extremo de pedir documento a los comuneros que atravesaban el mismo, además de enviar allí sujetos armados" manifestaron en un comunicado público. "Con esta violenta maniobra expulsaron al Delegado de Base Riarte, Benito Toledo, cuando el Juez de Paz Sr. Ciro Castro junto a la Policía de Trancas 'ordenados' por Moreno Núñez Vela, violentaron la vivienda del comunero y dejaron sus pertenencia en el Juzgado de Paz de El Jardín de la vecina provincia de Salta, a cargo del Sr. Ismael Abadía" continuaron relatando.
ContraPunto - Prensa Alternativa
Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos redaccioncontrapunto@gmail.com |
Riarte: la represión no dejó heridos graves ni detenidos
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| jueves, 05 de julio de 2012 | |
| PUEBLOS ORIGINARIOS | LA POLICÍA LOGRÓ CONCRETAR EL DESALOJO DEL TERRITORIO Y MONTÓ UNA GUARDIA. HABRÁ UNA CONFERENCIA DE PRENSA AL MEDIODÍA Actualización Jueves 5 / 1.00hs. En comunicación telefónica con el Comunero Santos Tolaba, pudimos establecer con certeza que el desalojo no produjo heridos ni detenidos. Tolaba relató que "la policía llego a las 10 de la mañana. Llegaron a la puerta y dijeron que querían dialogar y se acordó que ellos iban a seguir en el lugar". Para esto se abrió el portón y allí se metieron el resto de los policías. "Cuando ellos abrieron empezaron a sacar a los hermanos. Hubo balas de goma, pero no hubo heridos graves. Éramos 40 personas de la comunidad y 250 policias que llegaron en 3 colectivos". En este momento están al lado del lugar donde se produjo el desalojo en asamblea.Si bien el grueso del operativo ya se retiro del lugar, continúa una guardia policial. Convocan a una conferencia de prensa este jueves a las 12hs en la Asociación de Prensa (Junin750). AMPLIAREMOS. |
0381- 155331179
0381-155238241
ayllucolalao@gmail.com
miércoles, 4 de julio de 2012
Tucumán: Indígenas de Colalao del Valle denuncian desalojos de sus tierras
9 de junio de 2012 - Indígenas de Colalao del Valle denuncian desalojos de sus tierras por parte de empresarios
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Realizaron ayer una marcha por la ciudad. Afirman que el arrebato de sus tierras es permanente y piden la intervención del INAI. Mantuvieron un encuentro con el ombudsman, Hugo Cabral.
Comuneros de Colalao del Valle y del Pueblo Lule se movilizaron por las calles de la ciudad para denunciar constantes intentos de expulsión de sus tierras con la venia de la Justicia. Esto fue planteado ayer al Defensor del Pueblo, Hugo Cabral quien recibió a una comitiva en su despacho. Además solicitaron la intervención del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en esta problemática.
Reclamaron, entre otras cosas, “el cese de la constante violación de derechos inalienables a nuestra comunidad, por parte de la firma Zanja Honda, presidida por Fredy Moreno Núñez Vela, junto a su socia Agro-Avance, perteneciente a Jorge Posse, quienes están llevando a cabo un plan para expulsar a decenas de familias de la Base Riarte de nuestra Comunidad”.
Asimismo, solicitaron al Ministerio de Educación la reapertura de la Escuela Primaria Nº 31 de Colalao del Valle. “Dentro de la política de desarraigo del gobierno, cerraron la escuela, y hoy nuestros niños deben educarse en Salta, corriendo riesgos al cruzar diariamente el río Anta por dos cables suspendidos. Esta situación vulnera el Derecho de Educación de nuestros niños y además genera la desintegración de las familias”, sentenciaron.
Otro de los reclamos que expresan se trata de “la reapertura del camino vecinal interrumpido por estas empresas con un portón con candado, prohibiéndoles a los comuneros la salida y el acceso libre a la localidad. De esta manera, niños, discapacitados y ancianos son privados de la libertad en su propio territorio ancestral. La impunidad llega al punto de que funcionarios del Estado nacional y de la provincia no pudieron ingresar al lugar en varias oportunidades”, advirtieron.
Mediante un comunicado, expresaron también su pedido de “justicia para el delegado Benito Toledo, quien fue desterrado de la Base Riarte, mediante una acción violatoria de todo derecho: el Juez de Paz Ciro Castro y la Policía de Trancas, ordenados por Moreno Núñez Vela, violentaron la vivienda del comunero, robándole todas sus pertenencias y dejándolas en el Juzgado de Paz de El Jardín de la vecina provincia de Salta, a cargo del señor Ismael Abadia. Todo esto ocurría en momentos en que él era objeto de amenazas de muerte por parte de hombres armados”, denunciaron.
Por último, los representantes de los indígenas señalaron que “por todos estos atropellos en los que se violaron todo tipo de derechos colectivos, y habiendo recurrido esta comunidad a todas las instancias estatales y organismos de derechos humanos para la protección de los derechos fundamentales de nuestros comuneros, y no habiendo recibido ninguna respuesta, nos vemos obligados a salir de nuestros territorios para decir basta”.
Comuneros de Colalao del Valle y del Pueblo Lule se movilizaron por las calles de la ciudad para denunciar constantes intentos de expulsión de sus tierras con la venia de la Justicia. Esto fue planteado ayer al Defensor del Pueblo, Hugo Cabral quien recibió a una comitiva en su despacho. Además solicitaron la intervención del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en esta problemática.
Reclamaron, entre otras cosas, “el cese de la constante violación de derechos inalienables a nuestra comunidad, por parte de la firma Zanja Honda, presidida por Fredy Moreno Núñez Vela, junto a su socia Agro-Avance, perteneciente a Jorge Posse, quienes están llevando a cabo un plan para expulsar a decenas de familias de la Base Riarte de nuestra Comunidad”.
Asimismo, solicitaron al Ministerio de Educación la reapertura de la Escuela Primaria Nº 31 de Colalao del Valle. “Dentro de la política de desarraigo del gobierno, cerraron la escuela, y hoy nuestros niños deben educarse en Salta, corriendo riesgos al cruzar diariamente el río Anta por dos cables suspendidos. Esta situación vulnera el Derecho de Educación de nuestros niños y además genera la desintegración de las familias”, sentenciaron.
Otro de los reclamos que expresan se trata de “la reapertura del camino vecinal interrumpido por estas empresas con un portón con candado, prohibiéndoles a los comuneros la salida y el acceso libre a la localidad. De esta manera, niños, discapacitados y ancianos son privados de la libertad en su propio territorio ancestral. La impunidad llega al punto de que funcionarios del Estado nacional y de la provincia no pudieron ingresar al lugar en varias oportunidades”, advirtieron.
Mediante un comunicado, expresaron también su pedido de “justicia para el delegado Benito Toledo, quien fue desterrado de la Base Riarte, mediante una acción violatoria de todo derecho: el Juez de Paz Ciro Castro y la Policía de Trancas, ordenados por Moreno Núñez Vela, violentaron la vivienda del comunero, robándole todas sus pertenencias y dejándolas en el Juzgado de Paz de El Jardín de la vecina provincia de Salta, a cargo del señor Ismael Abadia. Todo esto ocurría en momentos en que él era objeto de amenazas de muerte por parte de hombres armados”, denunciaron.
Por último, los representantes de los indígenas señalaron que “por todos estos atropellos en los que se violaron todo tipo de derechos colectivos, y habiendo recurrido esta comunidad a todas las instancias estatales y organismos de derechos humanos para la protección de los derechos fundamentales de nuestros comuneros, y no habiendo recibido ninguna respuesta, nos vemos obligados a salir de nuestros territorios para decir basta”.
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